Por: Claudio Acevedo.
El investigador internacional Ángel Martínez sacó a relucir un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, que da cuenta de que de cada 10 delitos que se cometen en la RD, en seis hay un militar o un miembro de la PN involucrado, lo que amerita que a la situación ya hay que prestarle atención ante que el caos, el desorden y el descontrol alcancen niveles peores, en perjuicio de toda la sociedad, víctima inocente de desaprensivos que campean por nuestras calles a diestra y siniestra.
Es decir, que en lugar de ser parte de la solución, nuestra Policía y FFAA son partes del problema. El incremento continuo de la delincuencia está directamente relacionado con el tráfico de drogas, donde descansa la base fundamental de la violencia delincuencial, según aseveró el doctor Ángel Martínez.
Argumentó que el crimen organizado cuenta con una base estructural dentro de nuestros cuerpos armados, lo cual le brinda poder e impunidad, al permitirle moverse a sus anchas. Ejemplificando sus palabras con los hechos, trajo a colación el caso del coronel Elías Emmanuel Núñez, quien después de arrestar a un narco con paquetes de drogas, vio con asombro cómo desaparecieron las drogas en el cuartel policial donde fueron llevadas y cómo al día siguiente el mismo narco estaba reposicionado en su punto de venta de drogas.
Dijo el experto internacional que solo se procede a suspensión cuando sus delitos se hacen obvios y son sujetos de escándalos que trascienden a la opinión pública, situación que obliga a mandarlos a ‘enfriarse’ por un tiempo. En este mismo tenor, manifestó que este esquema operativo de conciliábulo con el delito se efectúa para evitar que los infractores hablen de sus jefes que se encuentran dirigiendo el narcotráfico.
“En vez de arrestarlos y cancelarlos deshonrosamente para sentar precedentes disuasivos que evite que esta conducta se repita, lo que se hace es que se le premia con la suspensión pura y simple, sin ningún régimen de consecuencias para quienes manchan sus uniformes, traicionan a la patria e incumplen con su deber al obedecer a los amos del narcotráfico”, sentenció el investigador Ángel Martínez.
Citó los casos delos cinco mil policías expulsados en solo tres años y la llegada de Rosado a la DNCD, donde suspendió de golpe y porrazo a 418 agentes de dos mil que habían al día siguiente de tomar el control del organismo antidrogas, la mayoría de los cuales fueron a engrosar las filas del sicariato, la protección de narcotraficantes, la orquestación de bandas de asaltantes y otras actividades delictivas.
Ángel Martínez resaltó que se ha evidenciado en múltiples casos, que quienes están protagonizando los robos y asaltos a manos armadas, son personas con entrenamiento y conocimiento militar obtenidos en nuestras instituciones armadas, las cuales se hallan en gran parte corrompida por una cadena de mando infectada por el narco, de arriba hacia abajo.
Expresó, sin ánimo de justificar a quienes delinquen dentro de la Policía y nuestras Fuerzas Armadas, que el bajo salario de miseria que ganan los servidores de nuestros órganos castrenses, el cual no le da para resolver sus necesidades básicas, es un aliciente para que sucumban a las tentaciones del dinero fácil que ofrece el negocio del narco.
Declaró que todo esto conforma un círculo vicioso que reproduce las condiciones ideales para que nazca y crezca toda suerte de negocios criminales y mafiosos como el tráfico de alucinógenos. También destacó que nuestras autoridades deben explicar cómo es posible que nuestros jefes policiales y militares ostenten riquezas escandalosas que no pueden justificar con el sueldo que ganan.
Finalmente, el detective internacional se mostró preocupado sobre el destino que le depara al país el hecho de que si “esos son nuestros encargados de la seguridad y el orden, ¿en manos de quién estamos?”
